En lugar de afianzar los vínculos económicos, sociales y culturales entre todos los españoles, avanzando hacia un equlibrio territorial y una mayor igualdad, el modelo autonómico ha introducido un elemento profundamente disgregador y reaccionario en el proceso de desarrollo de un Estado moderno, más justo y equitativo. Quienes atribuyen nuestros avances económicos y sociales a la existencia de las Autonomías, no sólo dejan de lado el despilfarro y las difunciones que ese modelo ha provocado, sino que no tienen en cuenta una pregunta que no podemos obviar: qué hubiera ocurrido si en lugar de las Autonomías hubiéramos impulsado un Estado distinto, descentralizado en la gestión, pero bien organizado y unificado, con normas y competencias claras que hubieran frenado toda tentación nacionalista.
Existe una gran incoherencia entre quienes defienden las bondades de nuestro sistema autonómico, al mismo tiempo que claman por reformarlo y transformarlo en otro muy distinto, al que llaman federal para no llamarlo confederal o plurinacional, que supondría la desmembración de España y del Estado democrático que la sostiene. Cualquier reforma de la Constitución sólo puede tener un sentido: mejorarla como instrumento de integración, no de disgregación. Lo que muchos pretenden, en realidad, es una reforma anticonstitucional, o sea, en contra de la Constitución.
Desgraciadamente, durante los próximos años seguiremos enredados en el debate territorial, que llenará de pringue cualquier discusión racional sobre nuestro modelo de Estado y las necesarias reformas de la Constitución que debieran cerrar la puerta a la actual intepretación de algunos de sus artículos, lo que ha permitido a los secesionistas llegar hasta donde han llegado. Lo peor sería que esta reforma se cerrara en falso, precipitadamente, para contentar a los independentistas, tentación que le ronda a Pedro Sánchez, tan ansioso por llegar a la Moncloa que parece dispuesto a utilizar este reclamo.
F. Sosa Wagner y M. Fuertes, en un excelente artículo titulado “¿Reformas territoriales?”, han alertado ya sobre el tema, señalando el camino a seguir para no cometer errores irremediables. Mucho me temo, sin embargo, que sus sabios consejos caigan como agua en un cesto. Nos dicen, muy acertadamente, que las propuestas de reforma no deben realizarse, ni sólo por juristas y menos por los diputados, sino sobre todo por expertos que atiendan a los problemas diagnosticados y que de verdad se quieran solucionar, lo que supone cuestionar la “eficacia” de la administración autonómica en el cumplimiento de las competencias que el Estado les ha cedido, como las de educación, sanidad, justicia o las ayudas a la dependencia.
Entraremos en un período peligroso en el que el virus nacionalista, con toda su toxicidad, se instalará en el lenguaje de los políticos y pretenderá extenderse a los ciudadanos con el propósito de que acepten como irremediable una claudicación camuflada de consenso, tolerancia y generosidad. Entonces se notará de modo dramático la ausencia de un partido de izquierdas que de verdad defienda a su país, despierte la autoestima y la confianza en nuestras capacidades y recupere el sentimiento nacional de pertenencia, eso que ha renacido estos meses ante los ataques y amenazas de los secesionistas, convertidos ya abiertamente en sediciosos.
Digo un partido de izquierdas que contrarrestre la tendencia autodestructiva de una izquierda antiespañola o filonacionalista, pero también que supla a una derecha que, ante la menor oportunidad, se olvida del interés y el bien común, o sea, del fundamento de la nación, para ponerse del lado de los corruptos, los disgregadores, los nacionalistas con los que está dispuesta a pactar, ya sea para mantener su poder y sus privilegios o para asegurar los negocios comunes.
Nación, Estado y Constitución son inseparables. Mientras la izquierda no lo tenga claro, seguiremos chapoteando en el fango de los nacionalistas, los que continuarán marcando la agenda política, ahora bajo el señuelo de una reforma de la Constitución… ¡anticonstitucional! ¿A qué les suena eso de “elevar el techo competencial”, “blindar competencias”, “bilateralidad”, “soberanía compartida”, o “profundizar en el autogobierno”? Una verdadera reforma constitucional, o sea, a favor de la Constitución, debiera ir en sentido contrario. ¿Y si nos diéramos la oportunidad de comprobar qué efectos produciría una reorganización del Estado en la que las Autonomías dejaran de ser lo que ahora son?
No hay comentarios:
Publicar un comentario