Hay tantas malas noticias alrededor que, para no sucumbir, necesita uno olvidar gran parte de lo que oye y ve cada día en los periódicos, la radio y la televisión. De vez en cuando, sin embargo, necesita uno desahogarse y expresar en público lo que ya su estómago no es capaz de digerir. Me ha pasado al leer el manuscrito del acta de votación del jurado popular que ha decidido lavarle las manos (o lo que sea) a Francisco Camps. Bastaría este documento para que, si hubiera un mínimo sentido común en la vida pública española, quedara inmediatamente invalidado el veredicto que ha elaborado este mal llamado tribunal.
De entrada, esto del jurado popular me parece una cosa muy rara. Se supone que el ejercicio de la justicia exige una serie de conocimientos y responsabilidades sometidas a un control social. ¿Qué ventajas tiene este procedimiento, que se aplica, no sé por qué, sólo en unos casos? Que cualquier ciudadano pueda ser elegido a voleo para ejercer esa responsabilidad, es algo que no entiendo en qué principio democrático se pueda fundamentar. Además, los abogados defensores pueden rechazar a los elegidos hasta lograr un jurado más o menos ad hoc, cual sucedió en este caso. Sentencias como ésta deberían bastar para acabar con semejante ocurrencia jurídica que, como se ve, no es ninguna garantía frente a los abusos y mangoneos de la justicia oficial.
Pero vayamos al manuscrito, o sea, a esa copia manual que el jurado emite para dictar su veredicto. El nivel de conocimientos y destrezas lingüísticas que el texto revela haría que sus autores (todo el jurado, pues se supone que lo debieron leer todos antes de firmarlo) no pudieran aprobar la asignatura de Lengua de segundo de la ESO. Lo que evidenciaría un problema de retraso a los catorce años, a la edad adulta indica un nivel de analfabetismo incapacitante para cualquier tarea mínima de razonamiento y reflexión, como es el caso de juzgar hechos delictivos.
No exagero. He aquí alguna de las faltas de ortografía, a las que hay que añadir la ausencia total de tildes (más de treinta) y una sintaxis zarrapastrosa (“durante la elaboración no han ocurrido ningún tipo de incidencias”): “a deliberado”, “hallan pagado”, “faborable”, “desfaborable”, “tubiera”, “atribullen”, “jose tomas”…
Comprobando el nivel de perversión política, moral y cultural que todo esto revela acaba uno por entender otras cosas, como el empeño en degradar la enseñanza pública o denigrar a los funcionarios. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo?
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