DEMOCRACIA DE SALDO

El mayor error de la Transición fue suponer que con cambiar las estructuras políticas generales (partidos, elecciones, Parlamento…) y redactar una Constitución, ya teníamos un sistema democrático. Nadie se preocupó por construir un sólido entramado de instituciones democráticas, imprescindible para el buen funcionamiento de un Estado democrático. Tampoco se pensó en la necesidad de llevar a cabo una labor general de educación política y democrática. El resultado ha sido que, desde el inicio, nuestra democracia ha funcionado mal y, con el paso del tiempo, sus carencias y anomalías han ido en aumento.

Nadie quiso reflexionar sobre un principio básico: que no hay democracia sin demócratas. Y que nadie nace demócrata. A la muerte de Franco podría haber muchos antifranquistas, pero había muy pocos demócratas. Con el tiempo se vio que el problema no era la pervivencia de franquistas antidemócratas, ni siquiera el llamado “franquismo sociológico” (destinado a desaparecer), sino la escasez de demócratas convencidos. Hoy el problema incluso se ha agudizado. La degradación, deterioro y debilitamiento de la democracia se extiende a todos los ámbitos.

Uno de los síntomas más llamativos de esta situación es el uso espurio del principio de la mayoría. Es un error semántico llamar mayoría absoluta a la mayoría relativa del 50%+1. Establecer este principio cuantitativo como norma básica de decisión es una perversión de la democracia, porque legaliza que una mitad pueda imponerse sobre la otra, creando una tensión y enfrentamiento que es lo que precisamente trata de impedir el principio democrático de la mayoría. Para todos los asuntos relevantes debería exigirse una amplia mayoría, que casi siempre puede establecerse en torno a los 2/3. Imaginemos que esta mayoría se exigiera para la elección de alcaldes, presidentes de Diputaciones, de Comunidades o del Gobierno Nacional, o para la aprobación de sus respectivos presupuestos. No digamos ya para establecer o modificar leyes básicas.

Se me objetará que esto paralizaría las instituciones. Pienso todo lo contrario: esto obligaría a debatir, a aclarar bien lo que se decide y a que toda decisión importante contara con un verdadero apoyo social. El resultado sería que se legislaría mucho menos, eso sí, pero mucho mejor. Una ventaja extraordinaria, porque en gran medida hoy el Parlamento (y no digamos los Parlamentos Autonómicos) se ha convertido en un monstruo, una estructura aberrante que necesita alimentarse con leyes, decretos, recomendaciones, proposiciones, reprobaciones, exhibiciones y algaradas mediáticas para justificar su propia existencia, dándose una importancia que nada tiene que ver con una acción política eficaz.  

Cuando los problemas y conflictos importantes de una sociedad se resuelven con el 50%+1 (ese uno puede ser un solo voto), algo va mal, algo debe cambiarse o ha de buscarse otra solución que alcance una verdadera mayoría. El azar de un voto de más o de menos no puede legitimar una decisión democrática. La arbitrariedad antidemocrática de los referendos del 50%, , por ejemplo, se revela en el hecho de que si el resultado no es favorable a quienes lo plantean, se proclama el derecho a repetir cuantas veces sea necesario hasta lograr ese +1, ¡pero no en caso contrario!

Una democracia del 50% es una democracia rebajada, una democracia de saldo, hecha de apaños, componendas, trapacerías y trapicheos, eso que hemos visto con la aprobación última de los presupuestos. Una democracia degradada que, lejos de promover la expresión de la voluntad de la mayoría, favorece la división, la hipertrofia del aparato de los partidos, su poder incontrolado sobre las instituciones y organismos del Estado.

Imaginemos que, frente a la actual algarabía y los aspavientos con que los diputados justifican su sueldo, sus señorías se dedicaran un año entero a debatir y aprobar una auténtica reforma, por ejemplo, del sistema fiscal, de la Agencia tributaria, revisando todos los impuestos, unificándolos, simplificándolos, explicándolos bien a los ciudadanos, logrando una colaboración activa de todos para perseguir el fraude, la economía sumergida y la evasión fiscal; convenciendo a la sociedad de que el sistema establecido es el más justo, el más equitativo, el más eficaz, el más favorable para los intereses de la mayoría. En lugar de perder el tiempo en cien mil asuntos, que todos los esfuerzos, discusiones y acuerdos se orientaran a establecer un nuevo, justo y eficaz sistema impositivo. Y a aprobarlo por una auténtica mayor¿Imposible? Pues que se vayan todos a casa.y cerros, que todos los esfuerzos, discusiones y acuerdos se orientaran a establecer ía. ¿Imposible? ¡Pues que se vayan todos a su puñetera casa!

REFERENDOS DEMOCRÁTICOS Y REFERENDOS ANTIDEMOCRÁTICOS

(Foto: S.Trancón)

Los nacionalistas catalanes, con su agotador empeño en imponernos un referéndum separatista, han logrado que una mayoría identifique referéndum con democracia. Oponerse a su referéndum es ser un facha antidemócrata. La incapacidad para contrarrestar una falacia tan corrosiva ha dado alas a los independentistas que no cesan de repetir que el 80% de los catalanes exige ese referéndum. La torpeza del Gobierno y de los demócratas para desmontar este falso argumento, legitimador del proyecto secesionista, es una prueba de la indigencia intelectual y la incapacidad moral y política de la mayoría de nuestros dirigentes.

¿Es tan difícil demostrar que el referéndum no es en sí mismo ningún instrumento democrático, que los referendos no son ninguna prueba de democracia, que han sido usados por todos los dictadores para legitimar su poder (Hitler, Franco, Pinochet, Castro…), que para ser aceptables han de cumplir una serie de requisitos democráticos previamente reconocidos y que no existe, por tanto, ningún “derecho al referéndum”?

Los ciudadanos tienen derecho a votar para elegir a sus representantes, y así ejercen su “derecho a elegir” cómo resolver los problemas generales de acuerdo a sus preferencias políticas. El “derecho a decidir” es el derecho a votar, qué votar y a quién votar. Pueden existir asuntos de especial relevancia que no puedan ser resueltos mediante el ejercicio de las mayorías parlamentarias y que, para su legitimación, es necesaria (o aconsejable) una votación directa a través de un referéndum en el que participen todos los ciudadanos. La existencia o no de una necesidad y una legitimación previas, y el establecimiento de normas democráticas claras para su realización y sus efectos, convierte a un referéndum en democrático o antidemocrático.

Sólo la manipulación y la propaganda han podido convertir un referéndum antidemocrático e ilegal en un derecho irrenunciable del pueblo catalán. La maniobra ha consistido en identificar la negación de este “derecho” con una ataque a la identidad catalana. Negar el referéndum es negar la existencia misma de Cataluña, así que si le preguntan a alguien si está de acuerdo con un referéndum, la mayoría dirá que sí. Nadie quiere negarse a sí mismo el derecho a decidir sobre algo tan importante como la independencia de Cataluña.

El problema surge cuando se reclama ese derecho para el resto de españoles. Entonces descubrimos la verdadera raíz del problema: los independentistas consideran que ese derecho es exclusivo de los catalanes. No dicen de los “catalanes de pura sangre”, porque eso del racismo xenófobo está muy mal visto, pero en realidad no tienen otro fundamento, porque si no fuera por ese implícito derecho de propiedad sobre Cataluña de “los catalanes de verdad”, ¿a cuento de qué una mayoría de hispanohablantes iba a pedir separarse de España, donde tiene su origen, sus vínculos familiares, culturales y lingüísticos?

Habrá que explicar, insistir y repetir que hay referendos que sirven para afianzar la democracia y otros para destruirla. El caso de Hitler es el más clarificador, porque es el que más se parece a lo que está ocurriendo en Cataluña. Hitler tardó en llegar al poder y su método principal fue utilizar los recursos del sistema democrático, las elecciones y, sobre todo, los referendos. Nunca tuvo mayoría parlamentaria, la logró mediante alianzas y eliminando a sus adversarios. Su toma definitiva del poder se basó en la aprobación de la “Ley Habilitante” de 1934, que logró fuera aprobada por un 84% de escaños. La Constitución exigía al menos 2/3. La Ley fue luego sometida a referéndum. La pregunta decía así: “¿Usted, hombre alem, mujer alemana, apruebabrumadoramente. La pregunta decgo sometida a refermayorrla. El caso de Hitler es el mrge la verdadera raán, y tú, mujer alemana, aprueba..." ¡Claro que el pueblo alemán la aprobó! Así y todo, esta Ley tenía caducidad: sólo era válida hasta abril de 1937.

Habría que recordar los referendos de Franco (dos), Pinochet (dos), Castro (dos), etc., todos aprobados por abrumadora mayoría. En comparación, Hitler tenía mayor legitimación democrática que los de Juntos por el Sí, que ni siquiera tienen mayoría de votos y les bastaría con un 50,01% en el referéndum para imponer la independencia. La Ley Habilitante de Transitoriedad Catalana, clandestinamente urdida y aprobada sin discusión, si siquiera contará con los 2/3 que se le exigió a Hitler.

Que todo este potaje infecto, totalitario y racista se haya podido presentar ante la opinión pública como la quintaesencia de la democracia, y a sus promotores como pacíficos e insobornables demócratas, es algo que sólo ha sido posible gracias a la dejación y la obnubilación de quienes han tenido la responsabilidad de defender la democracia y no lo han hecho.  

LA FALACIA DE LA SINGULARIDAD

(Foto: S. Trancón)

La falacia es un embuste, una argucia, una patraña con la que se pretende encubrir algo falso para que parezca verdadero. Susana Díaz, para contrarrestar la deriva plurinacionalista de Pedro Sánchez, ha dicho que es partidaria de reformar la Constitución para reconocer la singularidad de Cataluña (y suponemos que también la del País Vasco, Galicia y Andalucía, al menos). Frente a un roto nos propone un descosido. Pero, ¿a qué carallo llaman singularidad?

Singular es lo único, lo que en algo esencial se diferencia de otro o de otra cosa. Aplicado a las personas, quiere decir que cada individuo es único, porque hay algo esencial en él (desde el ADN a la conciencia de sí mismo), que es distinto de otro ser humano. Cada persona es una totalidad indivisible (individuo), diferente, distinta, singular. Eso no impide que comparta su condición humana con todos los demás y que, por lo mismo, tenga unos derechos humanos comunes entre los que se encuentra el derecho a que se respete su singularidad.

Hablar de singularidad para aplicarlo a una colectividad es, sin embargo, una aberración semántica. Lo singular no puede ser colectivo a la vez. Aceptarlo significaría que otorgamos a la colectividad una entidad singular, un rasgo común y esencial que la convierte en única y distinta de cualquier otra. Para lograr esto deberíamos diluir la singularidad individual en la colectiva, algo así como convertir a un individuo en una hormiga (cuya individualidad queda absorbida por la colonia y no existe fuera de ella). Así y todo, nos resulta muy difícil distinguir a un hormiguero de otro, y nadie proclamaría una república federal de hormigas sobre la base de la singularidad de cada hormiguero.

Pero (al menos hasta ahora) ni los catalanes ni los vascos constituyen un hormiguero. La sociedad catalana es tan singular como singulares son todos y cada uno de sus individuos. Todos son tan diferentes entre sí como lo son los andaluces, los madrileños, los gallegos o cualesquiera otros españoles. Son (somos) todos seres libres, individuales, diferentes y, por lo mismo, iguales, o sea, iguales en derechos y obligaciones. Igualdad ante la ley, no singularidad contra la ley.

Pero, insisten los predicadores de la singularidad, ¿no existen diferencias colectivas, rasgos distintivos, señas de identidad, aquello que nos singulariza como pueblo? ¿No existen diferencias lingüísticas, culturales, psicológicas, históricas, que constituyen una singularidad? Existen esas diferencias, evidentemente, pero por más que las juntemos, no constituyen una singularidad colectiva. Primero, porque todas esas diferencias, ni son únicas ni exclusivas. Por ejemplo, si tomamos la lengua, ¿cuántos hormigueros distintos tendríamos que establecer, y dónde pondríamos las fronteras de cada “singularidad”? Y no sólo en toda España (deberíamos tener en cuenta el bable, el leonés, el aragonés, el extremeño, el andaluz…), sino dentro de Cataluña, por ejemplo, donde nos toparíamos, al menos, con dos grandes singularidades lingüísticas entremezcladas. ¿Históricas? Cada rincón de España tiene un montón de singularidades históricas. ¿Psicológicas? La supuesta tacañería de los catalanes, ¿es un “hecho diferencial”? ¿Son los únicos tacaños del mundo? ¿Culturales? La “cultura” maragata es mucho más “singular” que la catalana, basta comparar el traje maragato con el de un payés. Por no hablar del pueblo gitano, claro.

Es una falacia creer que existen singularidades colectivas, cuando, a nada que comparemos, vemos que todos los rasgos culturales o psicológicos diferenciales son fruto de infinitos intercambios, influencias y circunstancias históricas, no emanan de ninguna esencia singular y están, además, en permanente cambio. No todas las diferencias, por otro lado, son positivas ni dignas de conservar. ¿No ha sido el machismo durante siglos, un rasgo distintivo de nuestra sociedad? ¿No ha impregnado nuestra cultura, nuestra psicología y nuestro lenguaje? Y la ablación, ¿no es también una “singularidad cultural”? ¿Y odiar al diferente, al otro, o sentirse superior a él? ¿Constituye hoy una singularidad que muchos catalanes separatistas odien a España? Puede que ese odio se remonte a Atapuerca… ¡Cataluña es tan antigua y singular!

No existen singularidades colectivas, sino diferencias, y estas diferencias son, o tan triviales y comunes, tan ficticias e imaginarias, tan variables e indefinibles, que en modo alguno pueden servir de fundamento a ningún derecho, y menos aún para justificar cualquier desigualdad social, política y económica. Que los secesionistas y sus cabestros y botafumeiros se inventen otro cuento, no el de la singularidad, para imponernos su única y verdadera diferencia: el sentimiento de superioridad racista, hoy encubierto bajo palabras tan prostituidas como pueblo o nación.   

   

SOBRE LA DEMOCRACIA REAL

(Foto: Fernando Redondo)

La sociedad actual no es homogénea: ni ideológica, ni cultural, ni económicamente. Los vínculos que en otro tiempo sirvieron para crear grupos más o menos homogéneos (tribus, clanes, etnias, pueblos), basados en la identidad, han sido sustituidos por el único elemento posible hoy de integración social: la pertenencia a una comunidad política.

Pertenecer a una comunidad política es un hecho ineludible, obra del azar, del que uno sólo puede desvincularse mediante un acto explícito y voluntario. No depende, por tanto, de ningún sentimiento ni de ninguna voluntad previa. Yo soy español pública, social y legalmente, y este hecho no depende de mi ideología, mi lengua, mi cultura o mi situación económica. Mi sentimiento de pertenencia puede ser fuerte, débil o nulo, pero esto no cambia para nada lo fundamental: el reconocimiento de mis derechos y obligaciones como miembro de la comunidad política llamada España. La forma que hoy adopta esta comunidad es la de un Estado democrático, del que es inseparable. Ser español es, por encima de todo, ser ciudadano de un Estado Democrático. La condición de ciudadano demócrata es, en consecuencia, el elemento común de todos los españoles.

Como puede deducirse de estos principios, la palabra clave, sin la cual todo puede custionarse, es “democracia”. Toda discusión que no tenga en cuenta que nuestros derechos se fundamentan en el hecho de pertenecer a una comunidad política democrática, carece de sentido. Quienes hoy cuestionan la democracia no están sólo atacando una forma de gobierno, sino al fundamento de la sociedad actual. Lo mismo podemos decir de quienes pervierten y usan la palabra democracia para encubrir todo lo contrario. Es fácil de entender: dentro de la democracia, todo; fuera de ella, nada de nada. Y todo el mundo sabe qué es la democracia: el respeto a la voluntad de la mayoría, con independencia de las formas concretas que adopte el ejercicio de esta voluntad. Es la comunidad política en su conjunto quien decide por mayoría todo aquello que le afecta, empezando por su propia constitución.

Establecido el principio democrático como fundamento de nuestras relaciones sociales, cabe exigir que todas nuestras Instituciones apliquen rigurosamente este principio y obliguen a todos los ciudadanos por igual a respetarlo. Significa esto que sólo podemos señalar un línea divisoria básica dentro de nuestra sociedad: demócratas/antidemócratas. Cualquier otra división basada en lengua, la religión, la condición económica, el lugar de nacimiento, el sexo, etc. no puede anular esta distinción fundamental.

Es fácil comprender que un corrupto es un antidemócrata que roba; que un secesionista es un antidemócrata que usa el engaño, la amenaza y violencia encubierta para destruir la comunidad política a la que pertenece para sustituirla por otra de raíz totalitaria; que un populista es un antidemócrata que usa la democracia de modo instrumental para alcanzar el poder; que quien utiliza el insulto, la injuria, la mentira, como arma política, es un antidemócrata que se ampara en la libertad de expresión para socavar esa libertad; que un juez que prevarica es un antidemócrata; que un político que organiza una trama de financiación ilegal de su partido, es un antidemócrata; que quien somete el poder judicial a los intereses de su partido es un antidemócrata que destruye uno de los fundamentos de la democracia; que un empresario que usa su poder para poner al Estado a su servicio, es un antidemócrata; que un evasor fiscal, es un antidemócrata…

Viene ahora muy a cuento recordar aquel eslógan que dio origen al movimiento del 15-M, que luego acabó pervirténdose y convirtiéndose en ese conglomerado de Podemos, donde se mezclan hoy por igual demócratas y antidemócratas. “Democracia real” se autodenominaba la plataforma inicial de aquel movimiento. Que la democracia no fuera una etiqueta engañosa, pura hojarasca política, mero instrumento de manipulación social; que la democracia fuera el verdadero poder de la mayoría, llevándola allí donde se ocultaban los corruptos, los ladrones, los banqueros codiciosos y egoistas, los políticos amparados en la impunidad y el desprecio a los ciudadanos, los empresarios prepotentes y carentes de ética y sensibilidad social, etc.

Este eslógan venía a decir que todos estos personajes, más o menos identificados por sus actos, despreciaban a la democracia real y preferían el simulacro de una democracia de papel. Lo que no advirtieron los iniciadores de aquel movimiento es que la solución no pasaba por sustituir a unos antidemócratas por otros, ya fueran éstos populistas, independentistas o plurinacionalistas, sino en promover lo que ahora otros ya están intentando: la construcción una izquierda radicalmente democrática que defienda sin complejos la comunidad política que nos une y garantiza todos nuestros derechos: la España democrática.

Entrevista a Bassem Eid: las voces silenciadas en Palestina

REDEFINIR A LA IZQUIUERDA

(Foto: A. Trancón)

El socioliberal Emmanuel Macron ha ganado la primera vuelta de las presidenciales en Francia. Vuelve con él el debate sobre la división entre izquierda y derecha. Muchos ya proclaman la desaparición de esta dicotomía, considerada anacrónica. No es la primera vez que se anuncia. Recordemos que el nacionalsocialismo, el fascismo y la Falange nacieron para acabar con las derechas y las izquierdas. Todos los populismos empiezan afirmando lo mismo. De Gaulle llegó al poder con un discurso parecido. Nada de extraño que Macron haya dicho: “Como el General de Gaulle, elijo lo mejor de la izquierda, lo mejor de la derecha e incluso lo mejor del centro”. El matiz está en que no pretende acabar con esas categorías, sino superarlas.

Tenemos que preguntarnos qué hay de nuevo en esta oferta política, en qué se diferencia de la tercera vía de Tony Blair o incluso de la tradicional socialdemocracia. Imposible saberlo. Podríamos decir que se trata de lo mismo, pero ahora definido desde la derecha. Macron es la cara amable de una derecha liberal, pertenece a las élites preocupadas por los populismos que amenazan la economía libre y la globalización del mercado. Necesita aparecer como no contaminado por los viejos poderes, hoy desacreditados, pero su trayectoria es indiscutiblemente de derechas. Su mensaje se asienta en los mismos principios e incluso repite mensajes que en nada se diferencian de los populismos de siempre: “Un hombre nuevo para una Francia en marcha”. En Marche! se llama su partido, que sustituye la ausencia de siglas definidoras por las iniciales del propio líder.

Muchos se dejan deslumbrar por el espejismo de “lo nuevo”, aunque no sea más que apariencia, ambigüedad calculada. No se dan cuenta de que el éxito de estos fenómenos repentinos nace, no de ellos mismos, sino del fracaso de los otros y, en general, de la incertidumbre y el miedo que provocan situaciones de crisis como la que estamos viviendo. Pero una cosa es comprobar que los partidos de derecha y de izquierda despiertan todo tipo de críticas y recelos, y otra creer que estas categorías son ya inoperantes, inservibles. El tiempo, con su terca insistencia, suele aclarar lo oculto, definir lo indefinido. Ahí tenemos a Ciudadanos, del que ya nadie duda que está a la derecha, y otro tanto ha pasado con Podemos, que de transversales se han ido a la extrema izquierda, dogmática y totalitaria.

Detrás de la supuesta desaparición de la izquierda y la derecha, como vemos, siempre aparece la izquierda o la derecha, prueba de la eficacia pragmática de esta distinción. Los ciudadanos no parecen dispuestos a prescindir de estas categorías, por más que las consideren confusas y a veces indefinibles. Vaga, pero suficientemente, saben que izquierda significa preocupación por los intereses de la mayoría, especialmente por los más desfavorecidos, y derecha, defensa de los más ricos, poderosos y, con frecuencia, privilegiados. Se construye así un patrón ideológico y semántico que luego se proyecta sobre la economía, la función del Estado, los derechos sociales, la educación o la sanidad, campos en que los ciudadanos suelen distinguir bien qué tiende a defender un partido de derechas y otro de izquierdas.

El problema no está, por tanto, en acabar con esta oposición, sino en redefinirla. Sobre todo desde el campo de la izquierda. Es aquí donde reina la mayor confusión, porque hoy ni la izquierda populista, sectaria y revanchista, ni la izquierda socialdemócrata sirven ya para encarar y resolver los graves problemas sociales, economicos ﷽﷽﷽econraves poroblemas ada populista, sectaria y revanchista en quivilegiados. ue la izquierda significa preocupaciómicos y políticos. Lo que vemos en Inglaterra, Francia e Italia, se agudiza en nuestro país, porque aquí se añade un fenómeno insólito, inimaginable en esos países: el abandono de la idea nacional por parte de esas izquierdas. La busca de la igualdad, esencial en la definición de la izquierda, ha sido sustituida por la identidad; la unidad y la soberanía nacional, base de todos los derechos democráticos, reemplazada por el derecho a la independencia de “los pueblos”.

Redefinir a la izquierda significa acabar con esta anomalía, pero también establecer un nuevo vínculo entre “empresarios” y “trabajadores” que rompa la dialéctica de la lucha de clases que estableció el marxismo y que justificó la invención de la socialdemocracia. La izquierda debe redefinirse y dar sentido a su oposición a la derecha, con la que se ha ido confundiendo. Es el abandono de la defensa de la igualdad y la unidad de los trabajadores, y la supeditación de su política a los intereses de una minoría poderosa, lo que ha hecho dudar a muchos ciudadanos de sus diferencias con la derecha.

     

Hoy es necesario establecer una nueva interpretación, una teoría que explique las contradicciones sociales desde una óptica que supere la simplificación marxista. Es necesario, por ejemplo, distinguir, dentro de la burguesía, entre una clase empresarial productiva, creadora y socialmente responsable, y otra improductiva, especulativa y parásita que sólo se preocupa por mantener sus privilegios y su posición dominante controlando todos los resortes y el poder del Estado. De mismo modo, hemos de distinguir entre los ciudadanos que se hacen responsables de su vida y aquellos que todo lo exigen al Estado; entre amparar a quienes carecen de medios, posibilidades y oportunidades para salir de la pobreza, la marginación o el paro, y subvencionar a quienes se aprovechan del Estado para mantener sus privilegioson a otros ciudadnos necesitados.provechan de las ayudas del Estado para establecer una situaciaquellos que todo lo exigen al Es; entre quienes cumplen con sus obligaciones fiscales (asalariados en general) y quienes las eluden mediante trampas e ingeniería fiscal (altos profesionales, empresarios, directivos y especuladores financieros).

Estos son ejemplos parciales que muestran la necesidad de sustituir la “lucha de clases” por una dialéctica de las “contradicciones sociales” en que la confrontación no se establece entre grupos definidos sólo a partir de su condición económica, sino teniendo en cuenta otros factores. La sociedad hoy es compleja, heterogénea, formada por grupos de intereses diversos, no necesariamente antagónicos o excluyentes. El marxismo parte de una consideración puramente economicista del ser humano y no concibe otra base para la constitución de grupos o clases que su posición económica antagónica.  Una línea divisoria distinta ha de tener en cuenta otros criterios objetivos y generales, entre los que se encuentran la justicia, la equidad, la igualdad y la seguridad, pero también la libertad, la iniciativa personal, la recompensa del esfuerzo, el estímulo del beneficio, la responsabilidad social. La función de la política y el Estado es canalizar todas las contradicciones sociales estableciendo una clara distinción entre demócratas y antidemócratas, entre quienes resuelven los conflictos a través del ejercicio constante de la democracia o quienes utilizan medios espurios como la corrupción, la amenaza, el chantaje, la presión política, el control del poder judicial, la ingeniería financiera, etc., para imponerse y dominar a la mayoría.

La izquierda tiene que atreverse a superar la división simplista entre “ricos” y “pobres”, “casta” y “pueblo”, “trama” y “gente”, que atribuye a los primeros el origen de todos los males y convierte a los segundos en merecedores indiscriminados de todos los derechos. La mayoría de los “pobres” no son responsables de su situación, pero tampoco los “ricos” son los causantes únicos o directos de su pobreza; ni unos ni otros tienen lo que tienen por obra exclusiva de sus méritos, capacidades y esfuerzo, sino en función de las condiciones sociales y las normas que en cada caso se establecen. Este es el terreno en el que la izquierda debe construir un nuevo paradigma, una nueva forma de encarar los antagonismos sociales para convertirlos en un factor estimulante de progreso, individual y social, que tenga en cuenta multiplicidad de necesidades y anhelos del ser humano, hoy groseramente limitadas por el consumo insostenible, la manipulación de las emociones y el control de las conciencias.   

     

MUCHO CARA B

(Foto: S. Trancón)
Nuestra mente funciona mediante un mecanismo tan simple como eficaz: la oposición. El modo más rápido de definir algo es oponerlo a su contrario. El mejor símil es el de la moneda: todo tiene dos caras. A no es B. Opuestos, complementarios y excluyentes. El problema surge cuando descubrimos esa dualidad dentro de un ser que, por definición, debería tener una sola cara identificadora. Jano posee dos rostros, opuestos, pero se trata de un dios. Si viéramos por la calle a un tipo con dos caras reales, una de ellas ocupando el cogote, nos daría bastante pavor.

La realidad política empieza a producirnos el mismo espanto: descubrimos que muchos políticos tienen dos caras, que han vivido durante años con un rostro tan maquillado, tan esculpido, tan hormigonado, que nos ha parecido su única cara, la auténtica, mientras que otra, la real, se hacía milagrosamente invisible. Hemos convivido durante años con monstruos bicéfalos, bifrontes, bicípites, bífidos, bilocados. Tipos que despotricaban contra la corrupción mientras se enfangaban chapoteando como batracios en el lodazal de las comisiones, los sobres, los maletines, los paraísos fiscales, los pelotazos. Impunidad, descaro, cinismo de una desfachatez nauseabunda.

Los ciudadanos normales, los que vivimos austeramente de nuestro trabajo; los que necesitamos pensar que la mayoría de nuestros vecinos, amigos y compatriotas no son ladrones, ni cabronazos, ni caraduras, ni hipócritas redomados… Nos quedamos paralizados, incrédulos y estupefactos ante el desfile ininterrumpido de saqueadores del dinero público, esos a los que Aznar, Rajoy y Esperanza Aguirre hasta ayer mismo defendían como los más honrados e intachables. Son ya tantos los implicados en tramas corruptas y corrompidas, que hemos perdido el nombre y la cuenta, porque el último cara B borra los anteriores.

Llegado a este punto se impone una reflexión con que intentar superar el pasmo y dar cauce a la ira, buscar alguna interpretación que nos ayude a comprender qué está ocurriendo. Porque el problema no es sólo que haya algunos corruptos, sino que sean tantos; no que sean políticos, sino que la mayoría sean políticos; no que ocupen cargos, sino que ocupen los cargos más relevantes, tanto en las instituciones como en la cúpula de los partidos; no sólo que mientan, sino que lo hagan ostentosamente; no sólo que roben, sino que lo hagan impunemente; no que hayan robado, sino que sigan robando ahora mismo.

Hecho el diagnóstico, se impone una explicación: nada de esto sucedería si, además de los corruptos, no hubiera una extensa red corrompida que lo hiciera posible e igualmente se beneficiara de ello: empresarios, funcionarios, jueces, abogados, bancos y banqueros. Pero también, y aquí llegamos a un punto neurálgico, si no existiera una importante masa de ciudadanos que, por activa o por pasiva, no reprueban ni denuncian ni se escandalizan de estas prácticas. El supuesto de que, si se está en política, es para aprovecharse de ello, está tan arraigado que se juzga idiota a quien no lo hace. Este modo de pensar y actuar viene seguramente de muy lejos, de siglos atrás, incluso. El Estado, por su manera de actuar, se ha ganado la desconfianza de los ciudadanos y no es visto como algo propio y común, sino como un ente despótico y depredador, del que hay que protegerse y, llegado el caso, vengarse. Arrastramos esta prevención que nos vuelve condescendientes con quienes aprovechan la ocasión de disponer del dinero público. Quizás sea esta una explicación de por qué se sigue votando a un partido tan medularmente corrupto como el PP.

Pero vayamos más allá: todo esto no sucedería si existiera una legislación más clara, unificada y eficaz del funcionamiento de la Administración y de los poderes del Estado. La actual dispersión, inseguridad y arbitrariedad jurídica hace posible que la adjudicación y contratación de la obra pública y el funcionamiento de los organismos del Estado sea el terreno abonado de la corrupción. Topamos aquí con la inoperante articulación del Estado, la falta de separación de poderes, la proliferación del poder territorial que establece sus normas y hace muy difícil el control y la transparencia, imprescindibles para atajar a los corruptos.

Hay muchos cara B, pero porque existe un Estado B, unos partidos B, unos empresarios B, un capitalismo B, unos ciudadnos B. El envilecimiento individual exige un medio adecuado en el que ir aprendiendo a actuar sin escrúpulos, tejiendo apoyos y connivencias, insensibilizándose ante el reproche moral, esquivando las leyes, despertando la ambición, excitándose con la acumulación del dinero, cegándose con que el poder.

EL QUIJOTE, LA IZQUIERDA Y ESPAÑA

(Conmemorando el próximo 23 de Abril, día de Cervantes, que debería ser Fiesta Nacional)

(Foto: S.Trancón)

Ha dicho Ian Gibson que “el Quijote basta para justificar la existencia de España”. Tuvieron que ser los críticos ingleses y alemanes quienes descubrieran en el siglo XVIII la grandeza literaria del Quijote y se interesaran por su autor. Gracias a su reconocimiento hoy es considerado el Quijote como la obra más importante de la historia y a Cervantes el escritor más admirado y universal. ¿Necesitaremos que vengan ahora de nuevo autores, historiadores y turistas a reconocer y a justificar la existencia de España?

Franco utilizó tanto la palabra España para encubrir su tiranía, la dejó tan contaminada de sotanas y brazos en alto, que todavía cuesta a algunos despojarla de ese lastre, esa grotesca caricatura. Pero después de cuarenta años de democracia, este fenómeno resulta muy extraño. Es como si los alemanes fueran incapaces de separar la imagen de Alemania de Hitler y el nazismo. Especialmente llamativo es que la izquierda haya asumido esa burda identificación entre España y el franquismo. Nada de esto habría sucedido sin el malintencionado y xenófobo empeño de los nacionalistas vascos y catalanes de acomplejar al resto de españoles arrojando sobre ellos la culpa, no ya de los cuarenta años de dictadura, sino de toda la historia de España, según ellos obra de canallas, fachas y palurdos.

Es una anomalía cultural y política que la izquierda haya asumido este discurso disgregador y se haya vuelto antiespañola, en contra de su tradición, para favorecer el poder de las minorías nacionalistas, tan contrario a los intereses y la unidad de los trabajadores. Nunca la izquierda (ni socialista, ni comunista, ni anarquista) había renegado de España. ¿Habrá que recordar a algunos qué significan las siglas PCE y PSOE? Tan natural era esta E como antinatural es hoy el intento de borrarla o pronunciarla con vergüenza. Es la hora de recuperar el nombre de España y lo que significa: la mejor garantía democrática de la igualdad, la unidad, la libertad y el bien común de todos los españoles, con independencia de su lugar de origen o cualquier sentimiento particular de pertenencia.

Necesitamos volver a leer a Richard Ford, George Borrow, Ernest Hemingway, Gerald Brenan, Ian Gilson, a los hispanistas y, sobre todo, a Cervantes, para recuperar un legítimo sentimiento de autoestima, de aceptación de nuestra historia singular, de valoración de todo lo que tenemos y nos une, dejando a los nacionalistas con su rencor, sus mezquinos sentimientos y sus fantasías supremacistas. La izquierda, como ha dicho el insobornable Antonio Robles, “necesita amar de nuevo a su país y dejar de estar acomplejada por ello”.

Necesitamos restablecer los vínculos humanos y emocionales con esa realidad histórica, geográfica y cultural llamada España. Sin miedos, sin necesidad de dar explicaciones ni buscar justificaciones a un sentimiento tan natural como lo es sentirse español, del mismo modo que se siente vinculado a su patria un francés, un alemán o un inglés. La izquierda, especialmente, tiene la obligación de defender una idea democrática, igualitaria, abierta y moderna de nuestro país, combatiendo activamente la propaganda antiespañola, antinacional y antidemocrática que de modo beligerante lleva a cabo el nacionalismo catalán, vasco y gallego.

Que una nación pueda identificarse con una obra y un personaje como don Quijote es algo soprendente, y bastaría este hecho para reivindicar sin complejos y determinación nuestra condición de españoles, a los que une, ante todo, una lengua, una cultura y una literatura que es algo más que un simple fenómeno artístico. Se trata de una referencia simbólica capaz de expresar, sostener y elevar los mejores empeños, los afanes más nobles, las exigencias más altas. Es significativo que haya sido Cervantes, un judeoconverso, quien mejor haya sabido condensar y dignificar valores como la valentía, el orgullo, la altivez, la lucha contra la injusticia y la humillación, el amor y la amistad incondicional, la defensa de la libertad y la igualdad, el valor del esfuerzo, la desconfianza en el poder, el desprecio del dolor y la muerte, la pasión por la verdad. Que este conjunto de valores y símbolos lo encarnen los personajes más reales y vivos que ha creado la literatura, don Quijote y Sancho, da pleno sentido a la afirmación de Gibson, que podría figurar en el frontispicio de nuestra democracia.

Ojalá recuperemos, junto al nombre de España, todos estos valores para poder combatir la pasividad, la pusilanimidad, la cobardía y la falta de energía y vitalidad que hoy invade a nuestros políticos, adocenados y encerrados en un posibilismo mezquino y claudicante.

LÍDERES MEDIÁTICOS

(Foto: S. Trancón)

Hace tiempo conocí al exlíder de un partido, hoy prácticamente extinto, que medía el valor de cualquier acción política por su “impacto mediático”. De acuerdo con este principio, su principal preocupación era “salir en los medios”, objetivo al que supeditaba toda su estrategia. Coincide esta opinión con la de muchos, así que me da pie y mano este ejemplo para reflexionar sobre los líderes mediáticos y la importancia de los asesores de imagen, que se han convertido en su guardia pretoriana.

Es ya lugar común decir que en política nada puede hacerse sin un buen líder mediático. Le he dado vueltas y revueltas a esta premisa y no he logrado llegar a conclusión alguna. Contra toda evidencia, no veo por lado alguno un modelo de líder al que poder asociar esos superpoderes mediáticos. Analicemos alguna de las cualidades o atributos que, supuestamente, debe poseer el líder mediático.

Por ejemplo, la juventud. Vean a Trump, Hilary Clinton, Angela Merkel, Rajoy, Hollande, la británica May o a nuestro dicharachero Revilla: son la flor de la juventud. Otro tanto dígase del atractivo físico o el sex appeal, algo tan escurridizo como frágil (cualquier cámara puede volver casi guapo a un feo o viceversa; hacer flaco a un gordo, es ya más difícil, véase Junqueras, que además es un poco bizco). Casi nadie, además, atribuye cualidades políticas sin más a un rostro atractivo. Si así fuera, Paul Newman podría haber sido el mejor político de la historia, junto a Ava Gadner, mientras que nunca hubieran alcanzado el poder el histérico Hitler o el acaponado Franco.

Vayamos a otra cualidad que pueda explicar esa sobredimensión de la influencia de los líderes mediáticos: la competencia discursiva. De nuevo topamos aquí con la evidencia contraria: ¿Cuántas tonterías, atropellando incluso la gramática, ha dicho Rajoy? ¿Es un pico de oro Trump? ¿Lo fue Aznar? Es cierto que algunos políticos, sobre todo los de antes, sobresalían por su elocuencia, que no hay que confundir con la impostura lingüística, como en el caso de Zapatero, que cultiva el engolamiento de la voz con una gestualidad pomposa. La vaciedad discursiva de Iglesias Turrión resulta cada vez más evidente, aparte de su tendencia a la cursilería, que mezcla con un matonismo adolescente de corto alcance. La facilidad de palabra de Rivera revela, con el paso de los días, una limitación no sólo léxica, sino, sobre todo, de ideas y convicciones. El caso de Pedro Sánchez es otro ejemplo de inconsistencia discursiva: repite tanto sus escasas ideas que su voz desabrida nos suena cada vez más a cuero reseco.

¿Y la imagen? Definamos la imagen como la “apariencia global” de una persona, esa totalidad gestáltica en la que se integran todos los elementos visuales relevantes, desde la anatomía del rostro al color de la piel, el pelo, los ojos, la mirada, la forma de vestir y la gestualidad (micro y macro). Todo lo que capta una cámara (y crea y conforma a partir de sus propios filtros y enfoques). Hay teóricos como Mehrabian que atribuyen a estos factores el 55% del impacto de una comunicación. Añade que el 38% restante hay que atribuirlo a los elementos paraverbales (fonéticos, prosódicos, rítmicos, proxémicos y pragmáticos) del lenguaje. Deja un escuálido 7% al contenido semántico del mensaje verbal. Esta teoría es la que ha dado tanto poder a los asesores de la comunicación televisiva y mediática.

Olvidan unos y otros que hay algo fundamental en toda comunicación política: decir algo. Sin una idea, un mensaje, un contenido que transmitir, todo lo demás resulta inconsistente, impostado, hueco, falso. Es la adecuación y la integración del mensaje con todo lo demás (imagen, gesto, voz) lo que produce un efecto u otro sobre el receptor. Ningún asesor de imagen puede suplir lo que es esencial para quien quiera ser un eficaz comunicador político: tener claro algo relevante que decir, sentir lo que se dice y decir lo que se siente con naturalidad y convicción. La totalidad de la persona, en cuerpo y mente, ha de estar implicada, integrada, sin discordancias, dudas, ni prevenciones.

¿Entienden ahora por qué, a pesar de tantos trucos mediáticos, atraen tan poco y están tan desprestigiados los políticos y la política? No hay manera de que, de una cabeza hueca, surja un mensaje convincente. Una cosa sí parece cierta: aquí, entre nosotros, llega a líder quien alcanza el poder, no al revés. Y para eso, cuantas menos ideas y convicciones, mejor.

¿Es posible otra política y otros políticos? Sí, incluso otros políticos mediáticos. El problema no es la política (no podemos prescindir de ellla), sino la mala política, la política mediática de quienes no tienen ideas. La presencia en los medios es condición necesaria, pero no suficiente.